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Autoriza SCJN revelar contratos con AstraZeneca y Serum para vacunas anticovid



El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que se entreguen las versiones públicas de los contratos que el gobierno de México firmó para comprar vacunas contra covid-19 a las empresas AstraZeneca y Serum, aunque precisó que las negociaciones realizadas para estas adquisiciones sí podrán reservarse por hasta cinco años, si se justifica que su difusión pondría en riesgo la seguridad nacional.



El máximo tribunal resolvió este lunes dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional, donde la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) impugnó resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que autorizaban la publicidad de los documentos citados.


El ministro ponente, Mario Pardo Rebolledo, explicó que, conforme a precedentes de casos similares y bajo el principio de máxima publicidad, no hay obstáculo legal para que se transparenten los contratos solicitados, una vez que se hayan testados los datos personales que pudieran contener.


“Se estimó procedente modificar la causal de reserva relativa a la conducción en las negociaciones internacionales a la de seguridad nacional y bajo esa lógica se considera válida la entrega de los contratos señalados en formato de versión pública y modificar el plazo de reserva para establecerlo en 5 años”, señaló el ministro Pardo.


Las solicitudes de información pública también incluían a las negociaciones efectuadas por México dentro del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax, por sus siglas en inglés), creado por Organización Mundial de la Salud.


El ministro Pardo planteó desestimar la queja en este punto, toda vez que esta información ya se hizo pública por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).


En la discusión, la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, anunció su voto en contra debido a que dijo que el contexto de la pandemia ya concluyó y por tanto no hay razones de seguridad nacional que justifiquen reservar la información hasta por cinco años.

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