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El método para elegir al candidato presidencial amenaza la unión de Va por México

La alianza Va por México ha anunciado este lunes el método que usará para elegir a su candidato presidencial y con él ha desatado las especulaciones. Se trata de un proceso que se hará por fuera de los tiempos electorales que marca la ley, que dice que los partidos pueden comenzar sus selecciones internas a partir de noviembre. Esa es justamente una de las principales preocupaciones puertas adentro, junto con el control de las firmas en la primera etapa del método de selección; el alcance real de la participación ciudadana; y el origen y el gasto del dinero para llevar adelante el mecanismo.




Las presiones y los desencuentros instalados al interior de la coalición amenazan con poner fin a la cohesión de la alianza que reúne al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y a casi un centenar de organizaciones de corte civil.

El anuncio que realizaron este lunes las cúpulas partidistas, acompañadas de empresarios, activistas y una decena de aspirantes, señalaba que el método consiste en tres etapas. La primera es la inscripción de aspirantes a la candidatura a partir del 4 de julio ante la comisión de registros de cualquiera de los tres partidos. Los que busquen la candidatura deberán “ser respaldados” por ciudadanos en una plataforma virtual. De momento se habla de 150.000 firmas como mínimo para cada uno. Todo el proceso se hará bajo un nuevo nombre con el fin de evitar posibles sanciones del árbitro electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE). Para eso se creará el Frente Amplio por México, justificado en un artículo de la Ley de Partidos que permite la formación de frentes “para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral”.


Con este nuevo nombre será registrado ante el INE, de quien esperan además que controle las 150.000 firmas de cada aspirante. Y el candidato que elijan será denominado “responsable nacional de construir un frente amplio por México”, también con la intención de eludir sanciones por hacer actos anticipados de campaña. La forma con la que buscan evadir la ley es una de las mayores preocupaciones al interior de Va por México. Algunas fuentes especulan con que no tendrá consecuencias porque Morena, el partido gobernante, también lo está haciendo. Otras han advertido de que podría tener graves efectos, como la inhabilitación de la candidatura o la cancelación del registro de los partidos. En principio, Va por México necesita que el INE avale la propuesta del frente. Sobre el anuncio de este lunes, el exconsejero electoral Ciro Murayama ha dicho: “Es lamentable que Va por México también se desentienda de cumplir los plazos de la ley electoral”.


La segunda etapa del proceso de selección consistirá en un gran “foro” o debate en el que participarán quienes se hayan registrado y cumplido con el requisito de las firmas. Lo harán sin interactuar, de acuerdo a lo que han contado algunas fuentes de Va por México a este periódico. Después de ese encuentro se llevarán a cabo estudios de opinión pública para elegir solo a los tres personajes con las mejores calificaciones, que serán los pasen a la tercera etapa. La tríada finalista se enfrentará en cinco debates más y nuevos estudios de opinión. El 3 de septiembre se celebrarán elecciones primarias en las que podrán participar únicamente quienes se hayan registrado en la plataforma electrónica de la primera etapa. Los comicios y los sondeos tendrán un valor del 50% cada uno. El mejor evaluado será el candidato.


Como no es momento de decidir candidatos presidenciales, de acuerdo a la ley, tampoco se puede gastar dinero en las precampañas. En esta ocasión, los aspirantes requerirían un alto presupuesto para conseguir las firmas que necesitan en la primera etapa. Está estimado que el proceso tendrá un coste de 20 pesos por rúbrica como mínimo —lo que suma unos 4,8 millones de pesos por el total requerido—. De registrar el frente ante el INE, la alianza espera poder conseguir permiso para usar parte del dinero que ya les aprobaron para 2023. Sin embargo, cada formación asumiría los gastos de los aspirantes que salgan de sus propias filas. Aquellos candidatos de la sociedad civil que quieran participar deberán buscar fondos por fuera, han explicado algunos a este periódico. Esto podría significar un importante obstáculo para los aspirantes de la sociedad civil.

Cuán real es la participación ciudadana en el proceso de selección es otro de los puntos que despierta sospecha. Cualquier persona que quiera postularse, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con los requisitos. Y quien quiera votar en las primarias podrá hacerlo si se registra en un padrón o firma inicialmente para apoyar a uno de los aspirantes. Para Amado Avendaño, consejero del Frente Cívico Nacional, esta es una victoria de las organizaciones de la alianza, que pidieron desde el inicio unos comicios abiertos a todo el público. El académico Sergio Aguayo, que se alejó de la coalición este lunes después de conocer los detalles del método, asegura que hay “demasiados obstáculos a la participación ciudadana”, porque está acotada a quienes se inscriban en un padrón. Aguayo critica además que los partidos terminaron poniendo “un buen número” de controles.


El último punto que ha despertado críticas internas ha sido la conformación del Comité organizador de las elecciones primarias, que estará compuesto por siete miembros de la sociedad civil y dos representantes de cada partido. Estarán además supervisados por un órgano observador de nueve ciudadanos más. Algunas fuentes alertan de que el hecho de que las formaciones políticas participen en la organización del proceso podría ser motivo también de sanciones. De momento, y como si de una carrera ilegal se tratara, la alianza avanza a la elección del candidato que ha anunciado que presentará tres días antes que Morena.

Lilly Téllez, una de las aspirantes por el PAN, ha publicado este lunes una lista de 50 preguntas que hay que hacer sobre el proceso de selección, que incluyen cuestiones sobre qué tan legal y válido es el método, de dónde vendrá el dinero y cómo se fiscalizará, y cómo se ejecutará cada etapa. “Quiero tener certeza de que el método es sólido, que no caeremos en actos ilegales, en financiamientos ilícitos o conductas clientelares”, ha dicho la senadora en un comunicado. El empresario Gustavo de Hoyos, que también busca la candidatura, ha asegurado en un mensaje que analizará “la sustentabilidad jurídica del procedimiento” para poder “tener certeza de que no implica la violación” de la ley.


NOTA DE EL PAÍS MÉXICO


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